Por Luis Martínez Alcántara
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se gesta una crisis que amenaza con eliminar a los pequeños permisionarios de transporte. Según denuncias, las autoridades del AICM, encabezadas por su director jurídico, José Luis Martínez Colina, están favoreciendo de forma ilegal a empresas monopólicas mediante estrategias que buscan marginar a los pequeños operadores. De continuar estas maniobras, la desaparición de los permisionarios independientes podría concretarse en menos de un año.
Uno de los puntos clave de esta controversia es la reciente autorización de 300 nuevos lugares para unidades de transporte en el aeropuerto, gestionados en favor de las grandes empresas. Esto se logró, según los afectados, mediante una alianza entre Martínez Colina y permisionarios monopólicos, contraviniendo una resolución de la Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece) de 2018, que exige licitaciones o subastas para cualquier ampliación de servicios de transporte en aeropuertos.
La situación se agrava con las medidas implementadas bajo el pretexto de remodelar el aeropuerto, como la construcción de cajas de cobro exclusivas para agrupaciones con más unidades, dejando en desventaja a los pequeños operadores. Además, se obliga a los independientes a utilizar el servicio de boletería de EBSA, empresa vinculada a Miguel Ángel Téllez Estrada, quien, según los denunciantes, controla las marcas comerciales de taxis del aeropuerto, consolidando un esquema que lesiona a los pequeños permisionarios.
Los afectados advierten que esta estrategia no solo vulnera sus derechos, sino que los fuerza a aceptar propuestas de adhesión por parte de las grandes compañías, perdiendo su independencia y, en muchos casos, su patrimonio. “Nos están matando de hambre al no tener quién nos compre el servicio. Así nos obligan a regalar lo que tanto nos ha costado construir”, expresan los permisionarios en riesgo.
La controversia pone de manifiesto la necesidad de una intervención urgente del gobierno federal para garantizar la equidad y evitar que los monopolios se adueñen completamente de los servicios de transporte en el aeropuerto. La transparencia y el cumplimiento de las regulaciones de competencia son esenciales para proteger a los pequeños operadores y garantizar un mercado justo.