Por Luis Martínez Alcántara
Donald Trump planea lanzar 25 decretos en sus primeras horas como presidente, en un intento por reconfigurar la política estadounidense. Este enfoque, que se espera que ocurra el 20 de enero de 2025, busca marcar un contraste significativo con su primer mandato, donde las acciones ejecutivas fueron menos numerosas.
La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, afirmó que el pueblo estadounidense puede contar con que el presidente cumplirá las promesas realizadas durante su campaña electoral. Entre los temas abordados en estos decretos se encuentran la inmigración, la energía y la economía, con un enfoque particular en revertir las políticas de su predecesor, Joe Biden.
Uno de los decretos más trascendentes está relacionado con la inmigración, donde Trump planea implementar medidas drásticas. Se anticipa que este decreto otorgará a los funcionarios de inmigración más autoridad para detener a personas sin antecedentes penales y reiniciará la construcción del muro fronterizo. Además, se prevé que se envíen más tropas a la frontera con México para reforzar la seguridad y disuadir nuevas oleadas migratorias. Estas acciones reflejan su compromiso con su base electoral y su enfoque en el control fronterizo.
El decreto sobre inmigración también incluye un componente controvertido: la posible deportación masiva de indocumentados. Durante su campaña, Trump mencionó que este sería uno de los pilares de su política migratoria. Aunque no se han proporcionado cifras exactas sobre cuántas personas podrían verse afectadas, estimaciones anteriores durante su primer mandato indicaron que millones de indocumentados podrían estar en riesgo. Esta propuesta ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones proinmigrantes, quienes advierten sobre las implicaciones éticas y sociales de tales medidas.
Además de las deportaciones, Trump ha expresado su intención de terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que afectaría a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. Esta propuesta es parte de un esfuerzo más amplio por reformar el sistema migratorio y ha sido objeto de debate legal desde hace años. Los asesores de Trump están preparados para enfrentar desafíos judiciales si estas medidas son implementadas, lo que podría llevar a una prolongada batalla legal sobre su constitucionalidad.