Este martes, Amnistía Internacional (AI) afirmó que la “criminalización” de activistas y periodistas, así como la “desprotección” de las personas migrantes, fueron las principales problemáticas de México en 2023, y destacó el caso de cinco periodistas y el de 31 activistas “por motivos probablemente relacionados con su trabajo”, basada en datos de las organizaciones Artículo 19 y Global Witness.
Durante la presentación de su informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”, la organización internacional denunció que, durante el año pasado, el Estado mexicano “criminalizó a los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente”.
“Los asesinatos de periodistas y personas defensoras eran frecuentes”, señaló en su reporte.
Subrayó el caso de los cinco comunicadores asesinados “por motivos probablemente relacionados con su trabajo” y los 31 activistas, según datos de las organizaciones Artículo 19 y Global Witness.
Entre los homicidios de periodistas registrados el año pasado están los de Marco Aurelio Ramírez Hernández, periodista independiente en el estado de Puebla el 23 de mayo; Luis Martín Sánchez Íñiguez, reportero del estado de Nayarit que trabajaba para La Jornada y Crítica ADN, el 7 de julio.
Mientras que el 15 de julio ocurrió el de Nelson Matus Peña, quien trabajaba para el medio Lo Real, en Guerrero.
En tanto, el 25 de septiembre sucedió el de Jesús Gutiérrez Vergara, reportero de Notiface Prensa Digital, en Sonora, y el 16 de noviembre el de Ismael Villagómez Tapia, quien trabajaba para El Heraldo de Juárez, en Chihuahua.
Respecto al medio ambiente, AI lamentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, siguiera construyendo el Tren Maya, su proyecto emblemático en el sureste del país, a pesar de la “preocupación por su impacto” medioambiental.
Por otra parte, cargó contra las autoridades por “seguir sin tomar medidas para proteger a las personas refugiadas y migrantes”, en un año en que el flujo migratorio aumentó 77.2% respecto de 2022.
En ese punto, AI expuso que el incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó “al menos” 40 muertos y 29 hospitalizados.
“Se presumía que las habían dejado encerrados después de que habían declarado el incendio”, reveló el informe.
Sin embargo, reconoció la “sentencia histórica” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que limita a 36 horas el plazo máximo de estancia en los centros de detención migratoria.
La organización internacional también recogió la polémica que rodeó en 2023 al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que llegó a su cenit con la dimisión de la directora de la Comisión Nacional de de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, tras el anuncio del presidente de crear un nuevo censo.
En 2023, la CNB registró 12 mil 31 casos nuevos de desapariciones, que elevan a 114 mil cuatro las personas con paradero desconocido desde 1962, una cifra que el presidente López Obrador ha criticado como “poco fiable y demasiado alta”.
También AI criticó en su informe anual la “falta de colaboración” de las autoridades con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), originarios de Argentina y dedicado a esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, lo que provocó su salida de México tras publicar su último informe.
En él, subrayaron “la participación de las fuerzas armadas” en estas desapariciones y “la falta de acceso” a la información perteneciente al sector público.
AI también achacó a México el uso “excesivo e innecesario” de la fuerza, el aumento de la presencia de militares en la vida pública y un número de casos de violencia sexual y feminicidio que sigue siendo “elevado”.
Nota de Abel López Jiménez.