Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, envió al Congreso tres nuevas leyes secundarias que complementan la reforma judicial. Estas iniciativas incluyen la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas. El objetivo principal de estas leyes es establecer un marco legal que regule el funcionamiento de los nuevos jueces, magistrados y ministros que serán electos en 2025.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, destacó que es crucial contar con este andamiaje legal antes de las elecciones judiciales para asegurar una transición efectiva.
La Ley Orgánica del Poder Judicial busca reorganizar la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), eliminando la división en salas y estableciendo un nuevo funcionamiento. Además, se define claramente el papel del Tribunal de Disciplina Judicial, que estará compuesto por cinco magistrados electos en el próximo año. Este tribunal tendrá la responsabilidad de supervisar el desempeño del Poder Judicial y podrá investigar y sancionar a quienes incurran en faltas, aunque no podrá revocar resoluciones judiciales.
Por su parte, la Ley de Carrera Judicial tiene como propósito fortalecer la Escuela Nacional de Formación Judicial, ampliando su capacidad para capacitar no solo a miembros del Poder Judicial, sino también a integrantes de fiscalías y cuerpos policiales. La Ley de Responsabilidades Administrativas establece las faltas y sanciones aplicables a los miembros del Poder Judicial, garantizando un sistema más transparente y responsable.
Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos, hay poco interés en las elecciones judiciales programadas para el próximo año. Hasta ahora, sólo se han registrado aproximadamente mil aspirantes para un total de 5,410 plazas disponibles. El plazo para registrarse vence el 24 de noviembre, lo que genera preocupación sobre la baja participación en un proceso tan crucial para el sistema judicial del país.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que el número real de aspirantes podría ser mayor al reportado oficialmente. A pesar de sus declaraciones optimistas sobre el registro, los datos actuales reflejan una participación insuficiente.