Por Luis Martínez Alcántara.
En Querétaro, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una causa judicial en contra de Esmeralda, una adolescente de 14 años originaria de Huimilpan, tras sufrir un aborto espontáneo a las 36 semanas de gestación. Este caso, calificado como homicidio por la Fiscalía, ha generado críticas y acusaciones de criminalización hacia las mujeres que experimentan abortos involuntarios.
La joven, quien quedó embarazada a consecuencia de una violación y desconocía su estado, enfrenta ahora cargos graves, mientras que el violador permanece sin sanciones, tras la decisión de la FGE de cerrar el caso por “no ejercicio de la acción penal”.
La organización feminista Adax Digitales, encabezada por Mayra Dávila, ha tomado el caso para la defensa de Esmeralda, argumentando que el proceso judicial en su contra viola sus derechos humanos. La activista explicó que Esmeralda buscó atención médica al experimentar fuertes dolores, momento en el cual tuvo lugar el aborto espontáneo.
Sin embargo, la FGE argumenta que el feto nació vivo y que la causa de su muerte fue asfixia, una afirmación que grupos de derechos humanos cuestionan, señalando la falta de una perspectiva de género en la investigación.
Este caso revive la discusión sobre la necesidad de reformar el Código Penal en Querétaro, donde el aborto sigue siendo ilegal en la mayoría de los casos. Activistas y colectivos feministas señalan que las leyes locales, particularmente entre los artículos 136 y 142, penalizan y encarcelan a mujeres por la interrupción del embarazo.
La organización GIRE y otros colectivos han conseguido amparos contra ciertos artículos del código penal estatal, argumentando que estos criminalizan injustamente el aborto, incluso en casos de emergencia médica.
Este proceso judicial es un llamado urgente a revisar las políticas y prácticas de procuración de justicia en Querétaro, especialmente en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres y adolescentes.