Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente renuncia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desencadenado una serie de reacciones en el ámbito político y judicial. Presentada el 29 de octubre de 2024, su dimisión se hará efectiva el 31 de agosto de 2025, coincidiendo con la llegada de nuevos ministros electos por voto popular.
En su carta de renuncia, Gutiérrez Ortiz Mena expresó que no se considera un “candidato idóneo” para un cargo que dependa del apoyo popular. Afirmó que su función como juez constitucional no es validar la voluntad de las mayorías, sino proteger los derechos de quienes más lo necesitan. Esta declaración subraya su compromiso con los principios constitucionales y su desacuerdo con la dirección que tomó la reforma judicial.
La renuncia del ministro también pone de relieve las presiones políticas que enfrenta la SCJN. La mayoría oficialista en el Senado ha insinuado que podría rechazar las renuncias de los ministros, lo que generaría un escenario complicado para aquellos que buscan asegurar sus haberes por retiro. Este contexto lleva a muchos a cuestionar las verdaderas motivaciones detrás de estas dimisiones, sugiriendo que el interés económico juega un papel crucial.
Además, se anticipa que al menos otros seis ministros seguirán el ejemplo de Gutiérrez Ortiz Mena en los próximos días, lo que podría cambiar drásticamente la composición del máximo tribunal del país. Entre los posibles renunciantes se encuentran figuras clave como la presidenta de la Corte, Norma Piña, y otros ministros influyentes. Este éxodo podría tener implicaciones significativas para la independencia judicial y el futuro del sistema legal en México.
Finalmente, esta situación refleja una lucha más amplia entre el poder ejecutivo y el poder judicial en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insinuado que los ministros están motivados por el deseo de proteger sus beneficios económicos, lo que añade otra capa de complejidad a este conflicto. La SCJN se encuentra en una encrucijada crítica, donde las decisiones tomadas en los próximos meses podrían definir no solo su estructura interna, sino también su papel dentro del marco democrático del país.