Por Luis Martínez Alcántara
Recientemente se viralizó un video en el que una mujer, apodada en redes sociales como “Lady Uber”, amenaza a un conductor de la plataforma con acusarlo de acoso sexual si no aceleraba y la llevaba más rápido a su destino. El incidente ocurrió el 23 de enero de 2025 en la Ciudad de México y fue captado por la cámara de seguridad del vehículo, evidenciando la falsedad de las acusaciones.
En la grabación, la pasajera, visiblemente molesta, exige al conductor que avance más rápido y cambie de carril de manera imprudente. Ante la negativa del chofer, quien priorizó la seguridad vial, la mujer lo amenaza diciendo: “Avanza o te avientas cinco años de cárcel”. Posteriormente, finge una llamada al 911, acusándolo falsamente de haberle hecho comentarios inapropiados.
El conductor, identificado como Isaac Lozoya, mantuvo la calma durante el altercado y reportó la situación a la plataforma. En una entrevista posterior, Isaac expresó su desconcierto por la filtración del video y señaló que, tras el incidente, llevó a la pasajera a su destino siguiendo las indicaciones de la empresa. Este caso ha generado un debate sobre la seguridad y los derechos de los conductores de aplicaciones de transporte.
Legalmente, la mujer podría enfrentar serias consecuencias. El Artículo 247 del Código Penal Federal establece que quien afirme un hecho falso o niegue uno verdadero puede ser sancionado con penas de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa. La evidencia en video podría ser determinante para procesarla por falsedad en declaraciones.
Este incidente ha generado indignación en la opinión pública, ya que una acusación falsa de esta naturaleza no solo pone en riesgo la reputación y libertad de una persona inocente, sino que también resta credibilidad a verdaderas víctimas de acoso. Organizaciones y usuarios en redes sociales han enfatizado la importancia de denunciar responsablemente y de no trivializar situaciones tan graves.
Por el momento, no se ha informado si la pasajera ha sido detenida o si enfrenta cargos formales. Las autoridades correspondientes deberán investigar el caso y determinar las acciones legales pertinentes.