Por Luis Martínez Alcántara
Bertha María Alcalde Luján fue designada como la nueva fiscal de la Ciudad de México el 23 de diciembre con 51 votos a favor y 15 en contra. Su nombramiento ha generado una intensa controversia debido a su relación familiar con Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido MORENA y secretaria de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta conexión ha llevado a cuestionamientos sobre la posibilidad de nepotismo y conflictos de interés en su designación.
Alcalde Luján es una abogada con una sólida formación académica, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con una maestría por la Universidad de Nueva York. Ha ocupado varios cargos en la administración pública, incluyendo su más reciente posición como directora general del ISSSTE.
A lo largo de su carrera, ha estado involucrada en importantes reformas del sistema de justicia penal en México. Sin embargo, sus críticos argumentan que su ascenso está influenciado por su parentesco con figuras clave dentro del gobierno, lo que podría comprometer su independencia como fiscal.
El debate sobre nepotismo se intensifica al considerar que su madre, Bertha Elena Luján Uranga, fue una figura prominente en el surgimiento de MORENA y ocupó cargos relevantes durante el mandato de López Obrador. Este contexto familiar ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de su nombramiento y si realmente representa un avance basado en méritos o si es un reflejo del favoritismo político. La oposición, especialmente del Partido Acción Nacional (PAN), ha señalado que este tipo de designaciones perpetúan prácticas corruptas y restan credibilidad a las instituciones públicas.
A pesar de las críticas, Bertha María Alcalde ha defendido su nombramiento afirmando que su trayectoria profesional es suficiente para garantizar que no habrá conflicto de intereses. En declaraciones recientes, subrayó que su hermana no tuvo influencia en el proceso que llevó a su designación y que está comprometida con mejorar el acceso a la justicia y la atención a las víctimas en la Ciudad de México. Sin embargo, algunos analistas han expresado escepticismo respecto a esta afirmación, sugiriendo que los vínculos familiares podrían afectar su capacidad para actuar con total independencia.