Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los partidos políticos pueden impugnar la reforma judicial vigente. En una sesión reciente, el Pleno aprobó, con una votación de 7 a 4, la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Esta decisión es significativa, ya que abre la puerta a un análisis más profundo sobre la constitucionalidad de la reforma impulsada por el gobierno federal.
La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, destacó que los partidos cumplen con los requisitos necesarios para presentar estas impugnaciones. Durante el debate, se cuestionó la legitimidad de los argumentos presentados por los opositores a la reforma, quienes alegaron vicios en el proceso legislativo. La SCJN ha enfatizado que es su responsabilidad revisar las reformas constitucionales y garantizar que se respeten los principios fundamentales del Estado de derecho.
El debate dentro del Pleno también incluyó reclamos sobre posibles cambios en los criterios de votación. A pesar de las diferencias entre los ministros, se acordó seguir adelante con el análisis de la reforma judicial. Esta situación refleja un contexto tenso en el que los partidos políticos buscan salvaguardar la independencia del Poder Judicial frente a posibles abusos de poder.
En cuanto al proceso de invalidación de la reforma judicial, la SCJN se encuentra en una encrucijada. Se está evaluando si se requieren 6 o 8 votos para declarar su invalidez. La ministra Piña argumentó que, según los artículos transitorios de la reforma, bastarían 6 votos para invalidarla. Sin embargo, otros ministros sostienen que, dado que el Pleno actualmente está compuesto por 11 miembros, se necesitan 8 votos para cualquier decisión sobre reformas constitucionales.
Este análisis es crucial porque determinará no solo el futuro inmediato del Poder Judicial en México, sino también el equilibrio entre las distintas ramas del gobierno. La SCJN ha decidido hacer un receso para reflexionar sobre este punto crítico antes de reanudar las deliberaciones. El resultado podría tener implicaciones profundas sobre cómo se administran y regulan los procesos judiciales en el país.