PROHIBIRÁ AUSTRALIA REDES SOCIALES A MENORES DE 16 AÑOS PARA COMBATIR LA ANSIEDAD DIGITAL

Por Luis Martínez Alcántara

El gobierno de Australia implementará una ley histórica en noviembre de 2025 que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años. Esta medida busca combatir el impacto negativo de estas plataformas en la salud mental de los jóvenes, abordando problemas como ansiedad, depresión y baja autoestima, los cuales han sido exacerbados por el ciberacoso y la presión social generada por la exposición continua en línea.

La decisión responde a estudios que muestran cómo los menores enfrentan dificultades para manejar contenido perjudicial, como imágenes que promueven estándares irreales de belleza, misoginia y material inapropiado. Además, el uso excesivo de redes sociales fomenta hábitos adictivos y afecta la interacción en el mundo real. El primer ministro, Anthony Albanese, subrayó que esta regulación es una respuesta necesaria para proteger a los jóvenes de estos riesgos.

Las plataformas digitales, como Instagram y TikTok, serán responsables de implementar sistemas de verificación de edad para cumplir con la ley. Métodos como la tecnología biométrica podrían ser necesarios, aunque ya han generado debate por cuestiones de privacidad. Las empresas que no cumplan con esta normativa enfrentarán sanciones significativas, aunque no se penalizará a los menores que encuentren maneras de acceder.

Esta ley posiciona a Australia como un referente en la protección de los derechos digitales de los menores. Otros países, como España y Estados Unidos, han adoptado medidas similares, pero con enfoques menos restrictivos. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, expresó su deseo de que esta legislación sirva como modelo global para abordar la creciente amenaza del entorno digital sobre la infancia.

El anuncio generó un debate global sobre el equilibrio entre regulación, derechos digitales y libertad individual. Aunque algunos lo consideran un paso positivo hacia un internet más seguro, otros critican la dificultad de implementación y los posibles efectos sobre la autonomía de las familias para gestionar el uso de la tecnología por parte de sus hijos.