Por Luis Martínez Alcántara
La popular plataforma TikTok enfrentó un apagón de 14 horas en Estados Unidos tras la entrada en vigor de una ley que prohibía su uso debido a preocupaciones de seguridad nacional. La medida, avalada por la Corte Suprema, exigía que ByteDance, empresa matriz de TikTok, vendiera sus operaciones en el país antes del 19 de enero. Sin embargo, el presidente electo Donald Trump anunció que probablemente otorgaría una prórroga de 90 días para evitar la prohibición definitiva.
El cierre temporal comenzó el sábado por la noche, dejando a más de 170 millones de usuarios estadounidenses sin acceso a la aplicación. Durante este periodo, TikTok mostró un mensaje informando que su servicio no estaba disponible y apeló a Trump para encontrar una solución. La plataforma fue eliminada de las tiendas de aplicaciones, lo que generó incertidumbre entre los usuarios y las empresas que dependen de ella para sus actividades diarias.
Trump confirmó su intención de emitir una orden ejecutiva el lunes, tras su toma de posesión, para extender el plazo y permitir que ByteDance negocie la venta de TikTok a un comprador estadounidense. Esta decisión busca equilibrar las preocupaciones sobre la seguridad nacional con el interés público en mantener activa la plataforma. Sin embargo, expertos señalan que esta medida podría enfrentar desafíos legales y políticos.
El conflicto sobre TikTok refleja tensiones más amplias entre Estados Unidos y China, especialmente en temas tecnológicos y de privacidad. Legisladores y funcionarios estadounidenses han expresado temor sobre el uso potencial de los datos recopilados por TikTok para espionaje o propaganda. Aunque Trump ha prometido salvar la aplicación, su futuro depende del progreso en las negociaciones para cambiar su propiedad.
Aunque TikTok ha vuelto a operar temporalmente en Estados Unidos gracias a la promesa de prórroga por parte del presidente electo Trump, su destino sigue siendo incierto. La resolución definitiva dependerá del cumplimiento de los requisitos legales para garantizar que la plataforma no represente un riesgo para la seguridad nacional.