Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum generó un intenso debate en México, especialmente tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no invalidar dicha reforma. Este cambio de rumbo se debió a la falta de una mayoría calificada, ya que se necesitaban al menos ocho votos para proceder con la invalidación. La votación final reveló que el bloque opositor no logró consolidar su fuerza, lo que dejó a muchos sorprendidos y descontentos.
Uno de los momentos más impactantes fue el cambio de postura del Ministro Alberto Pérez Dayán, quien inicialmente había expresado su oposición a la reforma. En un giro inesperado, votó en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad presentada por varios partidos políticos. Su decisión fue crucial, pues sin su apoyo, el bloque opositor no alcanzó la mayoría necesaria para invalidar la reforma.
Pérez Dayán argumentó que los partidos políticos no estaban legitimados para presentar la impugnación, lo que generó un fuerte rechazo entre sus colegas y trabajadores del Poder Judicial. Muchos lo acusaron de traición, afirmando que su voto había desbaratado las esperanzas de quienes buscaban revertir los cambios propuestos por el gobierno. La reacción fue inmediata, con gritos de ‘¡traidor!’ resonando fuera del recinto judicial.
A pesar de las acusaciones y la presión pública, Pérez Dayán negó haber sido influenciado o presionado para cambiar su voto. En sus declaraciones, defendió su decisión como una interpretación legítima de las facultades de la Corte y subrayó que no considera que sea competencia del tribunal revisar reformas constitucionales. Su postura ha dejado a muchos cuestionando la independencia del poder judicial en un contexto donde el Ejecutivo tiene un control significativo sobre el Legislativo.
Con esta decisión, México se prepara para un cambio histórico en su sistema judicial, donde los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular a partir de junio de 2025. La reforma busca transformar la justicia en el país, aunque también plantea interrogantes sobre su efectividad y las implicaciones para la independencia judicial. La controversia generada por esta situación refleja las tensiones actuales entre el gobierno y el poder judicial, así como las divisiones políticas que persisten en el país.