Desde su llegada al poder, Andrés Manuel López viola de manera reiterada la Constitución Política, con tal de ser un opositor permanente en contra del pasado, pero es una actitud que golpea seriamente a la división de los Poderes de la Unión, e insiste, a pesar de los llamados de los partidos de oposición a que abandone esa postura, señala la senadora Gina Andrea Cruz Blackdledge.
Incluso, recordó que una vez ganada la elección, se dio un proceso inédito de sesión repentina del poder, donde López comenzó a actuar como presidente desde antes de su toma de protesta ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre de 2018.
“Desde que llegó al poder a nadie escucha, siempre busca imponer su palabra como ley”, acusa la legisladora del PAN por Baja California.
En charla con éste reportero, Cruz Blackdledge comenzó por recordar que la consulta ciudadana organizada en octubre de 2018, para legitimar la arbitraria cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, “fue un abierto fraude a nuestra Constitución”, afirmó.
Dijo que aquella “consulta” se dio antes que López tomara protesta como presidente y no fue convocada por el Congreso de la Unión, no fue organizada por el INE y tampoco participó el umbral constitucional previsto y, para justificarla, se sometió a consulta una materia restringida: los ingresos y egresos del Estado.
Otro caso, dijo, fue la forma cómo se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio. La Secretaría de Hacienda, bajo la titularidad de Carlos Manuel Urzúa Macías (finado), lo elaboró de acuerdo a lo previsto en el Artículo 26 Constitucional.
El 27 de junio de 2019, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sometió su aprobación al Pleno, pero para sorpresa de todos no fue el documento elaborado por Hacienda, sino un panfleto lleno de ideología, sin estrategias, ni líneas de acción, metas e indicadores, enviado por el inquilino de palacio, aseguró.
Al final, dijo, el 12 de julio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un documento que carece de los elementos mínimos para orientar el desarrollo nacional y “es sólo un triste pasquín político”, afirmó.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, expuso que quizá el artículo constitucional que más se ha violado López, y sin consecuencia alguna, es el 134.
Su tercer párrafo manda que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen” se llevarán a cabo mediante licitaciones.
“Pero se ha abusado del mecanismo de adjudicaciones directas (en más del 80 por ciento), donde el gobierno decide a quién le adjudica los jugosos contratos, lo que ha dejado un tufo de corrupción y una larga estela de irregularidades que ha contaminado las grandes obras de infraestructura del presidente, todas con sobrecostos inadmisibles y escándalos de corrupción”, aseguró.
Pero abundó que el precepto más violado es, sin duda, el párrafo VIII del mismo Artículo 134 Constitucional, en el cual se prohíbe de manera expresa que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público:
“Lo que vemos a diario en espectaculares, vallas, bardas, panfletos y folletos, con una apología del culto a la personalidad, una aberrante y permanente campaña electoral que involucra al presidente y a su primer cuadro. Éstas violaciones no han tenido consecuencia jurídica alguna”, indicó.
Luego argumentó que la protesta presidencial, establecida en el Artículo 87, es un acto solemne que se realiza ante el Pleno del Congreso de la Unión, y establece “guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen”.
“El enunciado final implica que si así no se hiciere ‘que la Nación me lo demande’. Hoy, en lugar de esta demanda o de consecuencia jurídica alguna por burlar la Constitución, sólo vemos más violaciones a nuestra Carta Magna”, lamentó.
La senadora por el blanquiazul comentó que, como éstas, hay numerosas violaciones a nuestro documento normativo por parte López y sin consecuencia jurídica alguna para él:
“Si en la elección federal del presente año, Morena lograra la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, sería el equivalente a un cataclismo catastrófico o a un tsunami devastador que haría realidad las dos consignas que mueven a este gobierno: ‘no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley’ y ‘al diablo las instituciones’”, advierte la senadora Gina Andrea Cruz Blackdledge.
